La población penitenciaria española ha experimentado una llamativa reducción desde 2010, tras 30 años de hiperencarcelamiento. A medida que la deudocracia impone su excepcional austeridad selectiva y las políticas públicas administran más daño social, el secuestro institucional parece perder protagonismo como herramienta de gobierno y la expulsión gana peso como mecanismo productor de penalidad. Ya no la expulsión a la cárcel propia del estado penal neoliberal, sino una expulsión en sentido mucho más amplio, como lógica constitutiva de una ecología del castigo impuesta bajo el actual régimen de acumulación y desposesión.

Un año después de la primera edición de este libro, la población penitenciaria ha seguido reduciéndose (un 20% desde 2010, hasta 61.573 personas presas en marzo de 2016), pero las lógicas de expulsión crecen. El método español de la 'devolución en caliente' se aplica ya a gran escala. Los estados de la Unión Europea acaban de subcontratar por 6.000 millones de euros un campo de concentración para 2,5 millones de seres humanos en Turquía, tirando a la basura la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención de Ginebra o los mandamientos de cualquier código ético de la historia moderna.