«El Código Penal (CP) es un hecho político, y por tanto, su modificación el fruto de las intenciones penalizadoras y/o despenalizadoras de un determinado gobierno, que no actúa solo sino bajo el influjo de determinados grupos de presión. Es por esto que en el debate actual se ha discutido sobre temas como el aborto, el cumplimiento íntegro de penas en determinados delitos, etc, que son asuntos de interés para el gobierno en una coyuntura concreta.

Saliendo de este contexto, en lo sustancial, el CP no varía, es continuista. Continúan penalizando a los mismos sectores sociales y siendo, los sistemas de control político del Estado (policial, penal y carcelario entre otros) instrumentos de aplicación selectiva y desigual de la normativa penal en función de los intereses sociales dominantes por criminalizar a ciertos sujetos y permitir el funcionamiento de las estructuras sociales en base a los ilegalismos, es decir, a la transgresión permanente de la legalidad establecida».

César Manzanos Bilbao (invierno 2006)